TRATADO DE RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DEL SECTOR PÚBLICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

TOMO I
ENCUADRE. PRINCIPIOS. ORGANIZACIÓN. LA CIUDADANÍA. MEDIOS AUXILIARES
Prólogo 85
Francisco López Menudo
Relación de autores 93
Nota preliminar
Alcance y estructura de esta obra 99
Eduardo Gamero Casado
Abreviaturas y acrónimos 105
PRIMERA PARTE:
ENCUADRE, ESTRUCTURA NORMATIVA Y MARCO COMPETENCIAL
Introducción
Encuadre de las Leyes 40/2015 y 39/2015 en el acervo del derecho administrativo
Eduardo Gamero Casado
1. ANTECEDENTES: LA TRADICIÓN ESPAÑOLA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 114
2. La aprobación de las leyes 40/2015 y 39/2015 120
2.1. Microhistoria del procedimiento de aprobación de las Leyes 40/2015 y 39/2015 120
2.2. El cumplimiento de un programa de reformas como objetivo principal de estas leyes y las consecuencias derivadas de su atropellada aprobación 122
3. LOS TRES EJES DE LA REFORMA Y OTRAS NOVEDADES: REALIDAD Y MITO 128
3.1. El afán reordenador de las fuentes del Derecho administrativo y sus limitaciones 128
3.2. El impulso de la administración electrónica 131
3.2.1. Alcance real de los cambios. El principio de preferencia del medio electrónico 131
3.2.2. La omisión de medidas de “enforcement” (cumplimiento); los servicios básicos de administración electrónica 135
3.2.3. La situación actual: de la administración electrónica a la digital 137
3.3. El impulso de la simplificación administrativa 140
3.3.1. Panorámica de la simplificación administrativa en las Leyes 40/2015 y 39/2015: luces y sombras 140
3.2.2. Balance de la situación actual: el principio de simplificación administrativa, el procedimiento administrativo adecuado y la Administración facilitadora 143
3.4. Otras novedades y aportaciones destacables de las Leyes 40/2015 y 39/2015 150
4. LOS VACÍOS Y OMISIONES DE LA LEGISLACIÓN BÁSICA DE PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO 152
Bibliografía citada 156
Capítulo I
La estructura de la legislación sobre régimen jurídico básico del sector público y procedimiento administrativo común y sus criterios de aplicación (ejercicio de potestades administrativas y encuadre en el sector público)
Eduardo Gamero Casado
1. LOS TÍTULOS COMPETENCIALES DEL ESTADO Y SU ARTICULACIÓN EN LAS LEYES 40/2015 Y 39/2015 165
1.1. Delimitación material de los títulos competenciales derivados del art. 149.1.18ª CE 165
1.2. Esquema de reparto según la materia: la diferente naturaleza jurídica de lo “básico” y lo “común” y su equivalencia funcional 173
1.3. La difícil disección de los títulos competenciales y las consecuencias de su fragmentación en normas diferentes: dos leyes siamesas que generan inseguridad jurídica 183
1.4. Reservas de ley en el régimen jurídico del sector público y el procedimiento administrativo común 187
1.5. Estructura sistemática de la legislación del procedimiento común 189
1.5.1. El contenido de la LPAC: un procedimiento común (general) y sus especialidades en materia de responsabilidad patrimonial y ejercicio de la potestad sancionadora 189
1.5.2. Los procedimientos comunes especiales o singulares establecidos en otras normas: procedimientos tributarios y subvencionales 191
1.5.3. El carácter supletorio de la LPAC en ciertas materias (DA 1ª): la desmembración del procedimiento administrativo común y la frustración del título competencial 200
1.5.4. Cuadro-resumen de la estructura normativa de los procedimiento comunes generales y especiales o singulares 201
1.5.5. Alternativa: familias de procedimientos administrativos según su naturaleza y sistematización de su normativa reguladora 202
2. EL EJERCICIO DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS COMO CRITERIO DE APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA O COMÚN 207
2.1. Las previsiones normativas respecto de la aplicación de la legislación administrativa básica y común al ejercicio de potestades administrativas por el sector público; cuadro-resumen del ejercicio de potestades por entidades del sector público 207
2.2. Delimitación de la potestad administrativa 214
2.2.1. Las tres manifestaciones del poder jurídico: potestad, poder jurídico acondicional y derecho adquirido 215
2.2.2. Las potestades públicas: concepto y delimitación con las potestades privadas 222
2.2.3. Entrecruzamiento orgánico de las potestades públicas y análisis específico de algunas de ellas. Las potestades públicas originarias 226
2.2.4. Otras potestades públicas distintas de la administrativa 228
2.3. Definición y notas conceptuales de la potestad administrativa 229
2.3.1. Definición de la potestad administrativa 229
2.3.2. Las potestades administrativas son un poder jurídico funcional, reconocido para la satisfacción del interés general 231
2.3.3. Subordinación a la ley. La potestad reglamentaria como potestad administrativa 236
2.3.4. Plena sujeción a control judicial. La tutela judicial efectiva 237
2.3.5. Inconcreción constitucional. Multiformidad 241
2.3.6. La potestad administrativa es un poder unilateral, lo que no implica necesariamente exorbitancia o ejercicio de autoridad 242
A) Unilateralidad (ejecutividad). La autotutela ejecutiva (ejecutoriedad) como potestad administrativa específica 242
B) Qué son prerrogativas, actos de autoridad, imperium o gravamen según la doctrina académica 249
C) Breve referencia a la potestad certifical, de constancia fehaciente y dación de fe pública 252
D) Elenco de funciones que suponen actos de gravamen o ejercicio de prerrogativas exorbitantes. Consecuencias 253
2.3.7. Generalmente, su ejercicio constituye un deber para su titular 255
2.3.8. Su atribución se articula mediante el principio de legalidad 258
2.3.9. Su ejercicio está sujeto a garantías de procedimiento, de distinta intensidad según la potestad que se ejerza. La participación sustantiva en un procedimiento administrativo supone el ejercicio de potestades administrativas 262
2.3.10. Su ejercicio puede corresponder tanto a sujetos públicos como privados. Necesaria distinción entre titularidad y ejercicio de potestades administrativas 265
2.4. El ejercicio de potestades administrativas en la interpretación y aplicación del art. 9.2 TREBEP 274
2.4.1. Interpretación restrictiva (auténtica y doctrinal), de los puestos reservados a funcionarios 274
2.4.2. La jurisprudencia del TJUE 278
2.4.3. La acogida expresa de dicha interpretación en la legislación autonómica y en el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado 281
2.4.4. Funciones que pueden desempeñar los empleados laborales 282
2.4.5. La vacilante jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el art. 9.2 TREBEP 285
A) De AMAYA, EGMASA, VAERSA e IDEA a TRAGSATEC e INECO; y vuelta a empezar 285
B) Síntesis de los criterios del Tribunal Supremo y el verdadero alcance de la hipertrofia del concepto de potestad administrativa: ¿qué son actividades técnicas, de apoyo o auxiliares, especialmente en la instrucción de procedimientos administrativos? 301
2.5. El retorno al Derecho administrativo. El Derecho administrativo como sistema de potestades administrativas 307
2.5.1. El ejercicio de potestades administrativas como criterio de aplicación del Derecho administrativo: el retorno al Derecho administrativo 307
2.5.2. El Derecho administrativo como sistema de potestades administrativas 311
2.5.3. La asimetría Derecho administrativo-Administración pública: la extensión del Derecho administrativo 316
2.5.4. El control judicial de las potestades administrativas 318
3. EL ENCUADRE EN EL SECTOR PÚBLICO COMO CRITERIO DE APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA: CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO SUBYACENTE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 320
3.1. El concepto de Administración pública subyacente en las Leyes 39 y 40/2015 320
3.2. La Administración como sujeto creado por el poder público para actuar en el giro o tráfico jurídico y económico. El sector público administrativo y la Administración pública en sentido estricto 325
3.2.1. Alcance del concepto 325
3.2.2. Deslinde entre la Administración y los restantes poderes y sujetos públicos 327
3.2.3. La personalidad jurídica como atributo necesario de la Administración pública 329
3.2.4. Administración pública en sentido amplio o lato (sector público institucional o administrativo) y Administración pública en sentido estricto 331
3.3. El régimen jurídico resultante 332
3.3.1. La Administración pública en sentido estricto se rige por un Derecho estatutario propio. Ha sido creada esencialmente para ejercer potestades administrativas. Personalidad de Derecho Público y de Derecho Privado 332
3.3.2. La Administración en sentido lato (todo el sector público institucional) se rige por el Derecho Administrativo cuando ejerce potestades administrativas, y se somete además —y en su conjunto— a los principios constitucionales que presiden el quehacer de la Administración 334
3.3.3. Acomodación del continente al contenido: libre elección de la forma de personificación, con pleno respeto a la naturaleza de la forma elegida 336
4. SÍNTESIS: EL DERECHO ADMINISTRATIVO COMO SISTEMA DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS; LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EN SENTIDO LATO) COMO ENTIDAD CREADA PARA CANALIZAR LAS RELACIONES DEL SECTOR PÚBLICO CON LA CIUDADANÍA 338
Bibliografía citada 340
SEGUNDA PARTE:
PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DEL SECTOR PÚBLICO
Capítulo II
Los principios constitucionales de funcionamiento de las Administraciones públicas
Marcos Vaquer Caballería
1. EL PRINCIPIALISMO EN EL DERECHO PÚBLICO ACTUAL: USO Y ABUSO 354
2. LA SÍNTESIS ENTRE ESTADO SOCIAL Y ESTADO DE DERECHO EN EL art. 103 DE LA CONSTITUCIÓN 361
3. LA LEGALIDAD, O EL SOMETIMIENTO PLENO A LA LEY Y EL DERECHO 366
4. EL SERVICIO A LOS INTERESES GENERALES 372
5. LA OBJETIVIDAD 383
6. LA EFICACIA EFICIENTE 387
Bibliografía citada 393
Capítulo III
Seguridad jurídica y manifestaciones conexas
Federico A. Castillo Blanco
1. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 397
1.1. El concepto de seguridad jurídica en la Constitución Española 400
1.1.1. La seguridad jurídica: valor o principio constitucional 402
1.1.2. La seguridad jurídica según la Constitución Española y el Tribunal Constitucional 405
1.2. Las manifestaciones del principio de seguridad jurídica: ¿un megaprincipio? 410
2. La buena fe 412
3. LA PROTECCIÓN DE CONFIANZA LEGÍTIMA 418
3.1. Su articulación y recepción por el derecho europeo 421
3.2. Los requisitos para la apreciación de una situación de confianza protegible en el ordenamiento jurídico español: ámbito no normativo 425
3.2.1. Situación protegible y actuación de la Administración pública 427
3.2.2. Actuación del sujeto y situación de éste 430
3.3. Los requisitos para la apreciación de una situación de confianza protegible en el ordenamiento jurídico español: ámbito normativo 432
4. RETROACTIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD EN LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS 438
4.1. La retroactividad de las normas jurídicas: Ley y Reglamento 440
4.2. La retroactividad de los actos administrativos 450
5. LA NECESARIA DISTINCIÓN ENTRE LOS DISTINTOS PRINCIPIOS QUE CONFORMAN LA SEGURIDAD JURÍDICA 451
5.1. La problemática planteada por la confianza legítima con relación a otros principios afines 452
5.2. La articulación de los distintos principios integrados en la seguridad jurídica: especial referencia a su delimitación en el ámbito del poder ejecutivo 457
Bibliografía citada 460
Capítulo IV
El principio y el derecho a la buena administración
Juli Ponce Solé
1. INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ ES TAN RELEVANTE LA BUENA ADMINISTRACIÓN HOY EN DÍA? 466
2. EL CONCEPTO DE BUENA ADMINISTRACIÓN: ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE BUENA ADMINISTRACIÓN (Y DE MALA ADMINISTRACIÓN)? 470
2.1. Sentido amplio e impreciso 471
2.2. Sentido estricto o técnico. La diligencia debida o debido cuidado 472
3. LA REGULACIÓN DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN: ¿DÓNDE ESTÁ REGULADA LA BUENA ADMINISTRACIÓN? LA FÓRMULA DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN: EL NIVEL DE DILIGENCIA EXIGIBLE 480
4. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN: PRINCIPIO, DERECHO…Y VALOR 485
5. ¿A QUIÉN SE APLICAN LAS EXIGENCIAS DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN? 488
6. ¿QUIÉN ES EL GUARDIÁN DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN? 489
6.1. El papel de los órganos judiciales y de los órganos de control: la declaración de los defensores del pueblo españoles de 2024 489
6.2. Los límites del control: evitación del sesgo retrospectivo y no imposición de exigencias no previstas por el ordenamiento jurídico 493
7. LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN COMO EJE DE LOS SISTEMAS DE INTEGRIDAD 495
7.1. La necesidad de infraestructuras de integridad y buena administración 495
7.2. El impulso del compliance público 496
7.3. La diferencia entre la buena administración y la transparencia y su relación en la prevención de la mala administración dolosa o culposa 497
7.4. La buena administración y los instrumentos y estrategias para la prevención de la corrupción y la mala administración negligente 499
7.4.1. Una buena función pública es imprescindible para una buena administración 499
7.4.2. Los conflictos de interés y la buena administración 502
7.4.3. Códigos éticos o de conducta y buena administración 503
7.4.4. Los informantes y la buena administración: Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción 503
7.4.5. Los grupos de interés y la buena administración. La huella normativa. El análisis de impacto de la corrupción 505
7.4.6. Revitalización (y aplicación efectiva) de los sistemas de control de calidad y de inspección de los servicios públicos que presta la administración 507
8. FINAL Y REMISIÓN: DIVERSAS EXPRESIONES DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN LAS RELACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES CON LAS PERSONAS Y EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 508
8.1. Buena administración, centralidad de las personas y principio pro homine 508
8.1.1. Derechos sociales, servicios públicos y servicios de interés general 509
8.1.2. Administración digital e inteligencia artificial: la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2025 en relación con el denominado caso BOSCO 511
8.1.3. Responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos y buena administración 513
8.2. Procedimiento administrativo, derechos y buena administración 514
8.2.1. Derechos de las personas y de los interesados y buena administración 515
8.2.2. Simplicidad procedimental y chapapote (sludge) administrativo 515
8.2.3. El “derecho al error” 516
8.2.4. Instrucción y buena administración 517
8.2.5. Terminación del procedimiento 519
8.2.6. Motivación 519
8.2.7. Notificaciones administrativas 519
8.2.8. Recursos administrativos y revisión de oficio 519
8.2.9. Buena administración y procedimientos sectoriales 520
8.2.10. Margen de mejora bajo la perspectiva de la buena administración 522
Bibliografía citada 524
Capítulo V
Principios de actuación de las Administraciones Públicas: un análisis desde el nuevo paradigma de la gobernanza robusta
Carles Ramió Matas
Miquel Salvador Serna
1. INTRODUCCIÓN 529
2. SERVICIO EFECTIVO A LOS CIUDADANOS 534
3. SIMPLICIDAD, CLARIDAD Y PROXIMIDAD A LOS CIUDADANOS 536
4. PARTICIPACIÓN, OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 539
5. RACIONALIZACIÓN Y AGILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 544
6. RESPONSABILIDAD POR LA GESTIÓN PÚBLICA 548
7. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN POR OBJETIVOS, CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 551
7.1. Planificación, dirección por objetivos y control de gestión 552
7.2. Evaluación de los resultados de las políticas públicas 557
8. EL ESLABÓN PERDIDO I: GOBERNANZA DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SU EVALUACIÓN 560
9. EL ESLABÓN PERDIDO II: LA DIRECCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL COMO INSTRUMENTO CLAVE PARA IMPULSAR ESTOS PRINCIPIOS 567
10. REFLEXIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN 573
Bibliografía citada 574
Capítulo VI
Principios de intervención de las Administraciones Públicas
Manuela Mora Ruiz
1. CONSIDERACIONES PREVIAS 577
2. INTERVENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: LA ARTICULACIÓN DE UN MODELO DE CONTENCIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y LA REGULACIÓN 584
2.1. Intervención administrativa y ordenación de derechos y actividades (económicas) al amparo de la libertad como valor estructural 584
2.2. Libertad y proporcionalidad: buena regulación y revisión de los títulos habilitantes en clave de simplificación administrativa 599
2.2.1. El proceso de simplificación administrativa como fundamento diverso de la intervención mínima, proporcionada y necesaria de la Administración 599
2.1.2. Notas esenciales del principio de proporcionalidad aplicado a la actividad administrativa: evolución, tecnificación del principio y proyección sobre la intervención de actividades 606
3. PRINCIPIO DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DEL MERCADO E INTERVENCIÓN DE CARÁCTER MÍNIMO 618
4. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS COMO CONTRAPESO EN LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA 624
4.1. Aspectos generales del principio de precaución respecto del modelo de intervención 625
4.2. Operatividad del principio 629
Bibliografía citada 631
TERCERA PARTE
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
LAS ENTIDADES
Capítulo VII
El sector público administrativo
Ricardo Rivero Ortega
1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: EFICACIA, JERARQUÍA, COORDINACIÓN, DESCONCENTRACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN 641
1.1. El principio de eficacia 643
1.2. El principio de jerarquía 644
1.3. El principio de coordinación 646
1.4. El principio de descentralización 649
1.5. El principio de desconcentración 650
2. NOCIONES GENERALES DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN GENERAL O TERRITORIAL Y ENTIDADES INSTRUMENTALES O ADMINISTRACIONES ESPECIALIZADAS 651
3. TIPOLOGÍA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO (ARTÍCULO 2.1 LRJSP) Y LA CONSIDERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (art. 2.3 LRJSP) 652
4. LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 656
Bibliografía citada 657
Capítulo VIII
El sector público institucional
Encarnación Montoya Martín
1. INTRODUCCIÓN 659
2. LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO: UNA LEY TRAMPANTOJO 664
2.1. El objeto. La D. Final Decimocuarta o de la inexactitud de los títulos competenciales que invoca el Estado 665
2.1.1. Doctrina del TC sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, art. 149.1.18 CE 666
2.1.2. Bases y coordinación general de la planificación general de la actividad económica y hacienda pública general, art. 149.1.13 CE 668
2.1.3. Hacienda general y Deuda del Estado, art. 149.1.14 CE 670
2.2. La doctrina del TC sobre las personificaciones instrumentales 671
2.3. Antecedentes: el ámbito subjetivo de aplicación de la LRJPAC de 1992. El concepto de Administración pública como eje vertebrador 676
2.4. El sector público como ámbito subjetivo de aplicación de la LRJSP: una novedad relativa 679
2.4.1. El concepto básico de “sector público institucional”: amplitud e imprecisión 682
2.4.2. Las entidades de derecho privado como parte del sector público institucional: la atribución del ejercicio de potestades administrativas 686
A) Concepto de potestad administrativa 695
B) La jurisprudencia sobre el ejercicio de potestades administrativas por sociedades mercantiles públicas 701
2.5. Régimen de supervisión continua e inscripción en el inventario de entidades del Sector Público estatal autonómico y local como núcleo del régimen básico del sector público institucional 709
3. EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL 713
3.1. Algunas cuestiones a destacar 714
4. EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL EN CIFRAS 727
5. CONCLUSIONES 731
Bibliografía citada 733
Capítulo IX
Los consorcios administrativos
Francisco Toscano Gil
1. PLANTEAMIENTO 737
2. DOS CUESTIONES PREVIAS ACERCA DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE LOS CONSORCIOS REALIZADA POR LA LRJSP 741
2.1. La aplicación de la LRJSP a los consorcios administrativos 741
2.1.1. Preceptos de carácter básico 742
2.1.2. Excepciones 743
2.2. Valoración del alcance de la reforma del régimen de los consorcios administrativos introducida por la LRJSP 746
3. La naturaleza jurídica del consorcio 749
4. La Composición del consorcio 754
4.1. La integración en el consorcio de entidades del sector público institucional 754
4.2. La integración en el consorcio de entidades privadas no vinculadas al sector público 756
5. Objeto y funcionalidad DEL CONSORCIO 758
6. LAS FUENTES DEL Derecho DEL consorcio 761
6.1. Acerca de la vieja polémica sobre la consideración del consorcio local como entidad local: implicaciones sobre el Derecho por el que se rige el consorcio 761
6.2. Las fuentes del Derecho del consorcio según la LRJSP 764
7. La adscripción DEL CONSORCIO 768
7.1. La adscripción del consorcio a una Administración Pública 768
7.2. Los criterios que determinan a qué Administración se adscribe el consorcio 769
7.3. Las consecuencias jurídicas de la adscripción 772
7.4. Las excepciones al régimen de la adscripción 774
8. EL personal DEL CONSORCIO 775
8.1. Regulación aplicable a todos los consorcios administrativos 775
8.2. Regulación específica de los consorcios locales 777
9. Régimen PRESUPUESTARIO, DE CONTABILIDAD, CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO Y PATRIMONIAL DEL CONSORCIO 779
10. La Creación del consorcio 781
10.1. Normas aplicables a todos los consorcios administrativos 781
10.2. Normas aplicables solo a los consorcios locales 782
10.3. Normas aplicables solo a los consorcios participados por entidades estatales 784
11. EL Contenido mínimo de LOS estatutos DEL CONSORCIO 785
12. LA ORGANIZACIÓN DEL CONSORCIO: EN PARTICULAR, LA LIMITACIÓN AL NÚMERO DE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO LOCAL 786
13. La Separación de LOS miembros DEL CONSORCIO y su extinción 789
13.1. La separación de los miembros del consorcio 790
13.2. La disolución, liquidación y extinción del consorcio 795
13.3. La supervisión de la pervivencia del consorcio 797
14. LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO A LA LRJSP 798
Bibliografía citada 800
SECCIÓN SEGUNDA
RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
Capítulo X
Marco general de las relaciones interadministrativas
Íñigo Sanz Rubiales
1. PRINCIPIOS GENERALES 805
1.1. Introducción: la necesidad de esta regulación 805
1.2. Deslinde: relaciones excluidas de este estudio 807
1.2.1. Las relaciones Administración-administrados 808
1.2.2. Las relaciones de “control” y conflictuales 809
1.2.3. Relaciones convencionales y contractuales 810
1.2.4. Relaciones electrónicas entre Administraciones 810
1.3. Los principios generales de las relaciones entre Administraciones públicas 811
1.4. Un análisis sistemático de los principios aplicables 812
1.4.1. Lealtad institucional 813
1.4.2. Colaboración-cooperación 814
1.4.3. Adecuación al orden de distribución de competencias 815
1.4.4. Coordinación 815
1.4.5. Eficiencia 817
1.4.6. Responsabilidad 819
1.4.7. Solidaridad interterritorial 820
2. DEBER DE COLABORACIÓN Y TÉCNICAS DE ARTICULACIÓN 820
2.1. El deber de colaboración: contenido y alcance 820
2.2. Las denominadas “técnicas de colaboración”: el objeto de la colaboración 824
2.2.1. El suministro de información 825
2.2.2. La colaboración dirigida a facilitar la información a los ciudadanos 826
2.2.3. La creación de una Plataforma Digital de Colaboración interadministrativa 826
2.2.4. El deber de asistencia y auxilio 827
3. TÉCNICAS DE COOPERACIÓN 828
3.1. Cooperación: criterios generales. Las diferencias entre el deber de colaboración y el deber de cooperación 828
3.2. Las técnicas de cooperación 829
3.2.1. Técnicas orgánicas 829
3.2.2. Técnicas funcionales 831
3.2.3. Técnicas residuales: en especial, prestación de servicios y cesión de uso o titularidad de bienes 834
3.3. La formalización de las relaciones de cooperación: acuerdos de órganos de cooperación (remisión en cuanto a los convenios interadministrativos) 835
3.3.1. La conferencia de presidentes 836
3.3.2. Las conferencias sectoriales 837
A) Origen y antecedentes 837
B) Composición. Órganos auxiliares 838
C) Funcionamiento 841
D) Naturaleza jurídica compleja 846
3.3.3. Comisiones bilaterales de cooperación (art. 153) 847
3.3.4. Comisiones territoriales de coordinación (art. 154) 848
3.3.5. Los convenios interadministrativos (remisión) 850
Bibliografía citada 851
Capítulo XI
Relaciones interadministrativas por medios electrónicos. Interoperabilidad
Rubén Martínez Gutiérrez
1. PLANTEAMIENTO GENERAL 855
2. LA INTEROPERABILIDAD COMO NUEVO PRINCIPIO 857
2.1. El concepto de interoperabilidad 857
2.2. La interoperabilidad como nuevo principio jurídico del procedimiento administrativo y del modelo de e-Administración 863
2.3. El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Análisis del reglamento 866
2.4. El Reglamento sobre la Europa Interoperable 872
2.4.1. Estructura y contenidos 872
2.4.2. En especial, los espacios controlados de pruebas 874
3. EL INTERCAMBIO DE DATOS Y DOCUMENTOS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 878
3.1. La regulación del intercambio electrónico de datos entre AAPP 878
3.2. Las redes de intercambio de datos entre AAPP. En especial la Red SARA y la Red TESTA 883
3.3. Las utilidades del intercambio electrónico de datos entre AAPP desde la perspectiva de la gestión documental y la presentación de solicitudes, declaraciones responsables y comunicaciones 887
3.4. La incidencia de la protección de datos de carácter personal en la gestión documental interoperable. Especial referencia al acceso automatizado al dato mínimo necesario. Breve referencia al Reglamento General UE de Protección de Datos 889
4. LA REUTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ENTRE AAPP 892
4.1. El significado de la reutilización y transferencia de tecnología 892
4.2. La obligación de transferencia y reutilización de tecnología interoperable y segura 894
4.3. Los Directorios de aplicaciones interoperables y seguras susceptibles de transferencia y reutilización 896
5. PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª DE LA LPAC 897
5.1. La regulación de la DA 2ª de la LPAC 897
5.2. La STC 55/2018, en su interpretación de la DA 2ª de la LPAC 899
Bibliografía citada 900
SECCIÓN TERCERA
LOS ÓRGANOS
Capítulo XII
Los órganos administrativos
Julián Valero Torrijos
1. Perspectiva jurídica de la organización administrativa: algunas premisas conceptuales 905
1.1. La potestad organizatoria y su incidencia sobre el régimen jurídico de los órganos administrativos 905
1.2. Consecuencias jurídicas de la distinción entre órganos, unidades administrativas y puestos de trabajo 906
1.3. El concepto legal de órgano administrativo 909
1.4. ¿Qué ha de entenderse por órgano colegiado? De la discutible regulación legal a la diversidad de criterios doctrinales 911
2. La tipología de órganos colegiados y su proyección sobre el régimen jurídico aplicable 916
2.1. La integración del órgano en una Administración Pública 916
2.2. Los intereses presentes en el seno del órgano y su representación 918
2.3. La singularidad de los órganos colegiados de naturaleza política 919
3. La estructura y composición de los órganos colegiados 920
3.1. La Presidencia 920
3.2. La Secretaría 929
4. El funcionamiento de los órganos colegiados. Especial referencia al uso de medios electrónicos 933
4.1. Las reglas esenciales para la formación de la voluntad colegiada y su limitada proyección sobre la validez de las decisiones del órgano 933
4.2. La convocatoria como premisa inexcusable para la válida constitución del órgano 939
4.3. Las condiciones jurídicas y técnicas para la celebración de las sesiones 945
4.4. La adopción de los acuerdos a través de la formulación del voto por parte de los miembros 949
4.5. La documentación de la sesión colegiada 954
Bibliografía citada 958
Capítulo XIII
Las competencias de los órganos administrativos y sus alteraciones
Manuel Izquierdo Carrasco
1. OBJETO, VISIÓN GENERAL Y TÍTULO COMPETENCIAL 962
1.1. Objeto y visión general 962
1.2. Título competencial estatal que fundamenta esta regulación. Crítica 963
2. LA COMPETENCIA: NOCIÓN Y CUESTIONES GENERALES 965
2.1. Concepto 965
2.2. Elementos material, finalista, funcional y temporal de la competencia. El territorio 968
2.3. Con efectos jurídicos ad intra y ad extra 970
2.4. La escasa utilidad de la distinción entre funciones jurídicas y materiales 970
2.5. El instrumento jurídico válido para la atribución de competencias 972
2.5.1. La atribución de competencias concretas al órgano por Ley o reglamento 972
2.5.2. Cláusula legal de atribución de competencia al órgano para los supuestos de atribución genérica de competencias a la Administración 974
2.6. Modelos de reparto en el seno de la estructura administrativa 976
3. LOS PRINCIPIOS DE IRRENUNCIABILIDAD DE LA COMPETENCIA Y DE SU EJERCICIO DIRECTO POR EL TITULAR 977
3.1. El principio de irrenunciabilidad de la titularidad de la competencia 979
3.2. La desconcentración: de principio jurídico organizativo a técnica de alteración de la titularidad de la competencia 981
3.3. El principio de ejercicio directo de la competencia por el órgano que la tiene atribuida 985
4. LA DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE 985
4.1. Los denominados conflictos de atribuciones y la funcionalidad del art. 14 LRJSP 985
4.2. Criterio para distinguir los conflictos de atribuciones de los conflictos de competencia

Este Tratado ofrece un estudio sistemático, profundo y actualizado del régimen jurídico básico del sector público y del procedimiento administrativo común, con ocasión del décimo aniversario de la entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015. A partir de la experiencia acumulada desde la obra colectiva publicada en 2017, la presente edición no se limita a una mera actualización, sino que replantea el enfoque, amplía el objeto de estudio e integra de forma armónica la normativa básica, la dogmática general y la administración digital.
Esta obra compila y ordena el conocimiento disponible sobre los elementos nucleares del Derecho administrativo básico y común, prestando atención tanto a las categorías conceptuales (potestad administrativa, acto, invalidez, inactividad, indefensión, procedimiento, etc.) como a los problemas prácticos que suscita su aplicación. Incorpora, además de las Leyes 39 y 40/2015, la normativa sobre transparencia y buen gobierno, así como la de subvenciones, ofreciendo una visión integrada de los grandes ámbitos de régimen jurídico básico y de los procedimientos administrativos comunes, tanto el general, como los especiales o singulares.
La obra se estructura en tres tomos: un primer volumen dedicado al encuadre normativo, los principios de actuación, la organización administrativa, la ciudadanía y los medios técnicos y jurídicos auxiliares; un segundo tomo centrado en el procedimiento administrativo común general; y un tercero que aborda la potestad reglamentaria, la transparencia y acceso a la información, la potestad sancionadora, la responsabilidad patrimonial y las subvenciones....