El teletrabajo en la Administración Pública española era poco común, usado principalmente para facilitar la conciliación laboral y familiar. Sin embargo, la pandemia forzó su rápida implementación para asegurar el funcionamiento de las Administraciones y garantizar derechos ciudadanos. El Real Decreto-ley 8/2020 priorizó el trabajo a distancia para frenar la propagación del virus y mantener las relaciones laborales, incluyendo el sector público. El éxito de esta medida se debió
a la digitalización avanzada de las administraciones y la
capacidad del personal para trabajar en remoto, pese a que el empleo público se había prestado radicionalmente de forma presencial.
