En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinado a articular los fondos a recibir de la Unión Europea orientas a promover la recuperación de la crisis ocasionada por la pandemia y a transformar la economía y cuyo hito inicial fue la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se contempla la concesión de ayudas tanto a empresas como a Administraciones Públicas.
En ese contexto, una de las normas sectoriales que regirá la concesión y justificación de las ayudas es la Ley 38/2003, de Subvenciones, que tendrá que aplicarse tanto por la Administración Estatal como por las comunidades autónomas y entidades locales, así como empresas y otros sujetos colaboradores (auditores, gestores) que participarán en los trámites relacionados con su gestión.
A este respecto, los Órganos de Control Externo e Interno han revelado en multitud de informes deficiencias e irregularidades en la gestión y justificación de subvenciones públicas. A su vez, tanto los empleados públicos de los órganos concedentes como los gestores de las entidades beneficiarias han manifestado la dificultad que supone completar adecuadamente los trámites de gestión y justificación de subvenciones públicas.
Estas circunstancias dan lugar a la contratación de empresas de gestoría y firmas de auditoría para apoyar en los trabajos de cumplimentación de la documentación y revisión de la misma, tanto por parte de los órganos concedentes como los de control.
Recientemente se han ampliado las funcionalidades de la Base de Datos Nacional de Subvenciones que gestiona la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, requiriendo a los órganos concedentes el envío de un mayor volumen de información. En ese contexto, resulta útil aportar una obra de carácter práctico que dote de herramientas a los órganos gestores, a los controladores y a los beneficiarios y que les apoye en sus tareas de preparación de la documentación y de revisión de la misma, incidiendo en aquellos aspectos que resultan, frecuentemente, más conflictivos, evitando así efectos indeseados: reintegros, sanciones o fraudes.
