GOMEZ LANZ, J. / GIL NOBAJAS, S.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 constituyen una de las principales referencias para el diseño de las políticas públicas durante la próxima década. Es difícil calibrar hasta qué punto esta afirmación resulta extensible a la política criminal, en tanto que, como política pública orientada a la protección de los individuos y de la sociedad en la evitación del delito, ha de asumir un papel necesariamente modesto en la consecución de fines sociales.
No obstante, y aun cuando el Derecho penal ?instrumento primordial de la política criminal? no debe ser empleado con propósito perfeccionista o moralizante, en ciertas ocasiones sí puede allanar el camino para alcanzar algunos objetivos sociales en la medida en que consiga desincentivar la realización de las conductas delictivas que obstaculicen el avance hacia los mismos.
En el caso de la Agenda 2030, esta situación se da en relación con buen número de las metas en las que se desglosan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo principal de este trabajo es, precisamente, la elaboración de un catálogo de propuestas que materializan la posible incidencia del Derecho penal en la Agenda 2030, en aspectos, entre otros, como los relativos a la salud, la igualdad de género, el empleo decente, la producción y el consumo responsables, el medio ambiente o la eliminación de cualquier forma de violencia contra los niños.
