CERVELLÒ DONDERIS / COLÁS TURÉGANO / COLOMER BEA
Padecer una enfermedad mental y/o ser mujer en un contexto penitenciario multiplica la vulnerabilidad de la persona, complicando su relación con el proceso penal y, en su caso, la estancia en prisión. A su vez, todo ello conduce a una disminución de las posibilidades que estas personas van a tener de reincorporarse a la sociedad, condenándolas, en muchas ocasiones, a una espiral de exclusión. Si a tal complejo panorama sumamos la ola de punitivismo presente en las últimas reformas de nuestro código penal y la falta de alternativas reales para quienes presentan tales problemáticas, nos enfrentamos a un panorama ciertamente desalentador.
Según recientes estudios realizados en España, la enfermedad mental está claramente sobrerrepresentada en prisión, coincidiendo los expertos en la necesidad de aplicar alternativas terapéuticas al margen de la privación de libertad. Al enfermo mental hay que tratarlo con criterios médicos y en entornos sanitarios, sean o no presos quienes sufran la enfermedad, lo que no se corresponde con la realidad práctica.
No más favorable es la situación de las mujeres en prisión, el sistema español presenta elevadas cifras de encarcelamiento femenino, en comparación a los países de nuestro entorno, cuyas necesidades específicas no son atendidas. El resultado es un sistema enfocado mayoritariamente hacía la población masculina que discrimina a las mujeres encarceladas y se intensifica cuando al tiempo la mujer encarcelada presenta también problemas psíquicos.
Así pues, dentro de la ola expansionista que rodea al Derecho Penal en las últimas décadas, esta publicación se dirige a analizar la contraposición entre el avance del punitivismo y la corriente despenalizadora en dos espacios de especial vulnerabilidad, como son el tratamiento penal y penitenciario dado a las personas aquejadas de problemas de salud mental y los efectos discriminatorios que la intervención penal produce por razones de género.
