AA.VV
Criterios de la responsabilidad
Legitimación
Activa
Pasiva
Litisconsorcio
Plazo de prescripción
Naturaleza jurídica
Arrendamiento de servicios
Mandato
Responsabilidad contractual
Responsabilidad extracontractual
Criterios de imputación
Incumplimiento total de los deberes de gestión
Cumplimiento defectuoso o incorrecto de sus obligaciones
Nexo causal
Cuantificación del daño
Daños materiales
Daños morales
Prosperabilidad de la pretensión
Responsabilidad solidaria con el presidente
Responsabilidad de la empresa administradora
Seguro de responsabilidad civil del administrador
Hechos responsables
Custodia y entrega de documentación
Certificados de deudas
Detracción de fondos o cuentas
Enriquecimiento injusto
Errores en la contabilidad o en los pagos
Falta de comunicación o información a la comunidad
Incumplir instrucciones de la comunidad
Incumplimiento de acuerdos
Intromisión en el derecho al honor
Instalaciones y servicios
Reparaciones y mantenimiento
Rendición de cuentas
Seguros
Tasas e impuestos
Pérdida de subvenciones
Exoneración de responsabilidad
Acuerdos de la junta
Advertencias a los propietarios
Certificados de deudas
Contabilidad o pagos
Falta de comunicación o información a la comunidad
Instalaciones y servicios
Instrucciones de la comunidad
Reparaciones y mantenimiento
Subvenciones
La responsabilidad civil del administrador de fincas frente a la comunidad de propietarios es objeto de esta selección de jurisprudencia.
El cumplimiento de sus funciones debe realizarse con base en la lex artis, con unos criterios específicos que se tratan en el presente estudio de su casuística jurisprudencial, en la que se refleja el nivel de exigencia y el reproche que los tribunales han dado a conductas de administradores de fincas que han sido consideradas erróneas y causantes de responsabilidad civil profesional.
También se desglosan las situaciones concretas que han dado lugar a diversas condenas por los tribunales, que vienen por el incumplimiento en la custodia y entrega de documentación, en los certificados de deudas, errores en la contabilidad o en los pagos, falta de comunicación o información a la comunidad, por incumplir instrucciones o acuerdos de la comunidad, por la indebida detracción de fondos o cuentas, actuaciones que llevan a la pérdida de subvenciones, falta de reparaciones y mantenimiento, etc.
Y, además, en la parte de actualidad:
- ¿Cabe el requerimiento de pago por edictos (TEJU) a una persona jurídica u otro sujeto obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia en el monitorio?
- Las coberturas en la okupación ilegal por el seguro del hogar y el seguro antiokupación
- Los grafitis constituyen un delito de daños
