Cuando un ciudadano acude a un tribunal, confía sus datos más íntimos a la Justicia: su vida, su familia, su salud, su patrimonio. Pero ¿quién los protege realmente? En esta obra, el autor revela con precisión quirúrgica una verdad inquietante: el poder judicial español no controla los datos que debiera custodiar. Son el poder ejecutivo y las grandes corporaciones tecnológicas quienes deciden sobre su almacenamiento, seguridad y uso, en un entramado que pone en riesgo la independencia judicial y la separación de poderes.
Con un análisis riguroso, pero escrito con la tensión de una denuncia, este libro desvela cómo el Reglamento General de Protección de Datos (garantía europea de dignidad y libertad) ha sido distorsionado en los tribunales españoles hasta el punto de quedar vacío de eficacia. Una investigación lúcida, provocadora y necesaria sobre el lado oculto de la justicia digital, donde los derechos fundamentales se diluyen entre la tecnología, la política y el silencio institucional.
