Índice
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA PARA MORIR 9
1. El reciente debate acerca de la eutanasia y la necesaria precisión terminológica 9
2. Autonomía de la voluntad y derecho a decidir (también) en el ámbito sanitario: la influencia de los planteamientos de la bioética en el derecho de autodeterminación 16
3. La indisponibilidad de los derechos: a vueltas con el reconocimiento de un derecho a morir 26
4. Breves apuntes sobre los países de la Unión Europea que permiten la eutanasia: Holanda, Bélgica y Luxemburgo 29
II. EL TRATAMIENTO LEGAL DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA 35
1. Antecedentes históricos: la evolución de la relación médico-paciente y las edades de la medicina 35
2. Primeras propuestas legislativas en España sobre el consentimiento informado 41
3. La plasmación del consentimiento informado en España y la eutanasia pasiva: la Ley 41/2002, de 14 de noviembre 46
4. La regulación autonómica y el derecho a morir dignamente 52
5. La doctrina constitucional sobre el derecho a morir 55
6. La Ley Orgánica 3/2021 y el reconocimiento de la eutanasia activa directa 62
6.1. Requisitos para solicitar la prestación de ayuda para morir 63
6.2. Procedimiento aplicable para la ejecución de la prestación 67
6.3. Garantías en el acceso a la prestación 74
6.4. La Comisión de Garantía y Evaluación 75
6.5. Breve referencia a las instrucciones previas, documento de voluntades anticipadas o similares y la incapacidad de hecho 76
III. ANÁLISIS DE ALGUNAS CUESTIONES DERIVADAS DE LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO 81
1. A modo de aproximación inicial: impresiones de la regulación de la eutanasia activa directa 81
2. La naturaleza jurídica de la prestación de ayuda para morir 84
3. La lex artis sanitaria y la incidencia de la prestación de ayuda para morir: especial atención al derecho a la objeción de conciencia 86
4. La responsabilidad civil derivada del incumplimiento de la prestación de ayuda para morir 92
4.1. Criterios para la valoración de los requisitos legales 93
4.2. Consideraciones acerca de la responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen 100
4.2.1. Responsabilidad derivada del «estudio técnico específico» 106
4.2.2. Responsabilidad derivada del «análisis del consentimiento informado» 108
4.2.3. La depuración de responsabilidad dentro de la Comisión de Garantía y Evaluación 114
4.2.4. La posible adscripción de responsabilidad al equipo asistencial 116
4.3. Determinación de la culpabilidad y de los daños que se pueden producir 117
4.3.1. Responsabilidad por la realización de la prestación para morir sin existir razones suficientes 118
4.3.2. Responsabilidad por la realización tardía o por la no realización de la prestación para morir concurriendo los requisitos legales 121
4.4. Breves reflexiones y apuntes sobre una situación especial: el ejercicio del derecho a la eutanasia por una gestante 123
BIBLIOGRAFÍA 127
La aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia ha supuesto la legalización de la eutanasia activa directa y del suicidio asistido en España y su inclusión dentro de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Esta norma responde, como reconoce el legislador, a una "demanda sostenida de la sociedad actual", de tal forma que se pretende ofrecer "una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista". En este sentido, en la línea marcada por otros países como Holanda, Bélgica o Luxemburgo, tiene como objetivo principal asegurar que todas las personas puedan disfrutar de una "buena muerte", esto es, un proceso final de vida respetuoso con la dignidad humana. Por este motivo, para poder recurrir a la prestación de ayuda para morir, se requiere que el paciente sufra una "enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante". Sin embargo, el reconocimiento de este derecho plantea importantes problemáticas que deben resolverse. Se hace necesario, pues, analizar cuestiones tales como la propia disponibilidad de los derechos, el procedimiento aplicable, su naturaleza jurídica en relación con el consentimiento informado, la incidencia en la lex artis sanitaria o la posible adscripción de responsabilidad derivada de los daños producidos.
