La aparición de nuevos riesgos asociados al progreso científico y tecnológico plantea importantes desafíos al Derecho penal. Los consumidores se sienten inseguros y reclaman a los poderes públicos seguridad en todos los ámbitos y a todos los niveles. La consecución de la ansiada seguridad, aunque ésta sea simbólica, implica intervenir cuando el daño no se ha producido, o incluso cuando éste se desconoce, pero no se puede descartar, yendo, por tanto, más allá de la prevención. En este escenario, el principio de precaución se presenta como un instrumento idóneo para afrontar los supuestos de eventuales daños graves o irreversibles en un contexto de incertidumbre científica. Sin embargo, su incorporación al Derecho penal constituye un auténtico reto. En esta monografía se analizan las implicaciones del traslado del principio de precaución en las categorías dogmáticas y en los principios informadores del Derecho penal, con especial referencia a los delitos de fraude alimentario nocivo, y se presenta una propuesta dirigida a evitar la aplicación indiscriminada del principio de precaución, estableciendo requisitos adicionales o cautelas previas a la incorporación del principio de precaución al Derecho penal.
