El Poder Judicial es uno de los instrumentos esenciales de los que se sirve el Estado de Derecho para garantizar los derechos, libertades e igualdad de los ciudadanos. El ejercicio de esta función corresponde a jueces y magistrados que, por mandato constitucional, han de ser independientes, inamovibles, responsables y estar sometidos al imperio de la ley. No pueden entenderse estos caracteres que definen la función judicial como una mera fórmula retórica sino como los elementos que, insoslayablemente, han de presidir el ejercicio profesional de quienes ejercen el poder judicial, de forma que, no obstante contar con una legitimación de origen derivada de su nombramiento, han de mantener la legitimidad de ejercicio mediante el adecuado desempeño de la función encomendada, encomienda derivada, en sentido radical, de la propia ciudadanía, de la que emana, en cuanto titular último de esa parcela de libertad que se cede en aras de una adecuada convivencia.
Es precisamente la naturaleza de la función desarrollada y las exigencias inherentes a su desempeño lo que determina el contexto de estudio de los delitos de prevaricación judicial consistentes en el dictado de una sentencia o resolución injusta, que constituyen el objeto de esta obra. Atendiendo a este marco de referencia, se trata en primer lugar el concepto de injusticia, elemento nuclear de los delitos contemplados en los artículos 446 y 447 CP, con una delimitación de la tipicidad objetiva que atiende a tales exigencias y pone especial énfasis en los deberes que incumben los jueces y magistrados en el desempeño de su función. Partiendo de ello se trata a continuación el tipo subjetivo del injusto intentado no derivar al mismo cuestiones que debieron quedar resueltas en el ámbito de la tipicidad objetiva. Y finalmente se aborda el estudio del delito imprudente de prevaricación judicial, entendido como tipo objetivo distinto al doloso y para el que se efectúa una definición de la conducta imprudente atendiendo a la existencia de distintos contextos de riesgo de los que habrá de decantar aquellos que justifican la intervención del Derecho penal.
Se incluye, para concluir, una selección de casos en que se enjuiciaron los delitos objeto de estudio, exponiéndose lo hechos sobre los que versaban, la fundamentación conforme a la que se resolvieron y desarrollándose un comentario de los mismos en que se aplican las tesis propuestas en la obra.
