El sector fundacional ha experimentado en los últimos años, sobre todo a raíz del
reconocimiento constitucional, un crecimiento y progresión que ha contribuido al
desarrollo de la sociedad, por lo que el estudio de las entidades fundacionales que
forman parte del sector ha sido objeto de interés por razones sociológicas, económicas y
jurídicas. En un contexto económico como el actual, donde los recursos del Estado se
han visto reducidos y no son bastantes para sufragar los gastos que conlleva el Estado
de bienestar, se hace necesaria la existencia de entidades sin ánimo de lucro que suplan
estas carencias y ofrezcan sus servicios para complementar la acción del Estado, sobre
todo en lo que se refiere al desarrollo de actividades de interés general, como pueden
ser las de asistencia a población vulnerable, las culturales, las de investigación, las de
educación, las de integración, inserción laboral o dependencia, las relacionadas con el
entorno universitario, las actividades sanitarias o las actividades deportivas, entre otras.
Donde, además, debido al incremento del número de las personas mayores, a cambios
en la estructura familiar, o a la inmigración, se ha incrementado la solidaridad social a
través de donaciones y actividades de voluntariado
