El viejo Derecho penal liberal está en crisis y no hay garantías de que pueda sobrevivir a las profundas transformaciones que caracterizan el tiempo presente. Los valores ilustrados en los que se inspira parecen diluirse en un contexto histórico cada vez más punitivista, donde planteamientos autoritarios aparentemente superados vuelven a cobrar vigencia alentados por la resignificación política del delito y de la pena.
Ante el progresivo debilitamiento de sus fundamentos clásicos, el ius puniendi se reconfigura, mutando en su finalidad y presupuestos legitimadores. La intervención penal ya no persigue, únicamente, reaccionar frente al delito cometido, sino también impedir su comisión, anudando al sistema de justicia criminal una función de carácter anticipativo. El foco de la investigación penal se traslada a la detección de amenazas y la administración del castigo pasa a guiarse por criterios estratégicos dirigidos a la neutralización de riesgos.
Estamos ante la emergencia de un nuevo modelo de política criminal. Un modelo donde la monitorización masiva de la población, la infiltración y la inteligencia se funden con los últimos adelantos tecnológicos en materia de Big Data y Machine Learning en el afán de predecir y evitar, antes de que se materialice, la comisión del delito. Estamos, en esencia, ante el nacimiento de un nuevo derecho penal: el Derecho penal anticipativo.
