Sorprende que a pesar del vivo interés actualmente existente en el estudio de la corrupción pública nadie haya abordado hasta la fecha de un modo exhaustivo la corrección legal del abono, con cargo al erario público, de las minutas de los abogados defensores en relación a los procedimientos penales dirigidos contra funcionarios y autoridades públicas por delitos relacionados con la corrupción. Se trata éste de un fenómeno extendido, que, abstracción hecha de lo reprochable que resulte desde una perspectiva moral, necesita de un sosegado análisis dogmático que aborde las posibles responsabilidades penales en que pudieran incurrir funcionarios, autoridades y abogados defensores. Con la presente obra se pretende, así pues, dar el pistoletazo de salida a un debate que no debe postergarse durante más tiempo, si bien centrando la atención en el mundo local, por tratarse del supuesto más relevante desde una perspectiva cuantitativa
