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A partir de que se implementó el proceso penal acusatorio en México, el Ministerio Público posee una facultad resolutiva denominada criterio de oportunidad, que tiene como propósito evitar el ejercicio de la acción penal en los supuestos señalados por el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, primordialmente respecto a conductas delictivas que afectan de manera insignificante determinados bienes jurídicos.
Sin embargo, su adopción propició múltiples interpretaciones sobre su naturaleza jurídica, alcances y efectos, tanto en el ámbito sustantivo como normativo. En ese sentido, la presente obra tiene como propósito ofrecer a las y los estudiosos de la ciencia del Derecho procesal penal, una herramienta para conocer de manera asequible la genealogía y los presupuestos teóricos en que se sustenta dicha figura procesal, así como identificar y analizar las principales problemáticas que emergen en torno a su aplicación.
Esta investigación aporta un enfoque crítico sobre algunos supuestos de aplicación de los criterios de oportunidad, en aras de evitar su desnaturalización y uso discrecional por parte de las y los operadores jurídicos, brindando a su vez, con base en casos prácticos, una propuesta técnica de homologación para la confección de dichas resoluciones ministeriales.
