La responsabilidad penal de las personas jurídicas ya no es una idea abstracta, sino que forma parte de la realidad de los operadores jurídicos y, sobre todo, de la de sus destinatarios, es decir, empresas, fundaciones, partidos políticos y un largo etc. Los numerosos estudios existentes se centran en la prevención de la responsabilidad penal de los entes colectivos o en la imputación de estos, pero, hasta el momento, no se contaba con una publicación dedicada en exclusiva a las penas de las personas jurídicas.
El lector tiene en sus manos una obra que se distingue por aunar en una monografía el análisis de los aspectos más esenciales de las consecuencias jurídico-penales susceptibles de imponer a las personas jurídicas: la naturaleza de estas medidas, el contenido y régimen de ejecución de las penas interdictivas, la pena de multa, los criterios de determinación de la pena previstos en el artículo 66 bis del Código Penal y, por último, los problemas interpretativos y prácticos derivados del artículo 130.2 de esa misma norma, que prevé el traslado de la pena en los supuestos de escisiones, transformaciones, fusiones, absorciones y disoluciones fraudulentas de las personas jurídicas.
