La Constitución española contempla a las operaciones de crédito como uno de los recursos de los que disponen las Comunidades Autónomas. En su artículo 135 se recoge la necesidad de que por Ley Orgánica se regulen el desarrollo de los principios establecidos en el mismo. Con la finalidad de dar cumplimiento a dicho mandato constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). La LOEPSF concretó por primera vez los mecanismos que dispone la Administración Central para evitar que se den situaciones de incumplimiento de los objetivos de déficit, de deuda, regla de gasto y periodo medio de pago a proveedores, traduciéndose en la aplicación de medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Como novedad, la disposición adicional primera de la LOEPSF puso en marcha los mecanismos adicionales de financiación a Comunidades Autónomas. De esta forma, los mecanismos adicionales de financiación suplieron temporalmente a la reforma del sistema de financiación autonómica. Ahora, se debate sobre el futuro de los mismos.
