Prólogo
Introducción
I. Sistematización de los delitos en el ejercicio de la abogacía
II. Poder, Estado de derecho y técnica jurídica
Capítulo primero. Intervención pública en la abogacía
I. Expedición del título de profesional de la abogacía y de la procura
II. Colegiación forzosa
III. Estatuto jurídico de la abogacía
IV. Ejercicio corporativo de la potestad disciplinaria
V. Responsabilidad penal de los colegios de la abogacía
VI. Policía de estrados
Capítulo segundo. Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
I. Delito de violación del secreto profesional
II. Delito de intrusismo
III. Delitos de vulneración de la independencia profesional
IV. Delito de discriminación en la prestación de servicios profesionales
Capítulo tercero. Cuestiones comunes a los delitos especiales en el ejercicio de la abogacía
I. Concepto de delito especial
II. El título de los delitos contra la Administración de Justicia
III. Bien jurídico protegido por los delitos especiales
IV. Concepto y condición de profesional de la abogacía
V. Autores y partícipes
Capítulo cuarto. Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
I. Concepto y deber de lealtad procesal
II. Delito de presentación de pruebas falsas
III. Delito de incomparecencia injustificada en juicio oral
IV. Delito de destrucción, inutilización u ocultación de actuaciones judiciales
V. Delito de revelación de actuaciones procesales secretas
Capítulo quinto. Delitos especiales de deslealtad al cliente
I. Introducción. Evolución histórica de la «prevaricación» en el ejercicio de la abogacía
II. Lealtad al cliente y al sistema judicial como bienes jurídicos protegidos
III. Delito de defensa de intereses contrarios
IV. Delito de perjuicio a los intereses del cliente
V. Cuestiones comunes a los delitos de deslealtad al cliente
Bibliografía
Webs consultadas sistematizadas
Jurisprudencia sistematizada por capítulos
¿Qué sucede si quien ejerce la abogacía asesora o factura para blanquear dinero procedente de actividades delictivas, viola el secreto profesional, presenta en juicio pruebas falsas, defiende a la vez a la parte contraria, detrae sus honorarios de una indemnización al cliente, deja que caduque un plazo o que prescriba una acción? ¿Dónde acaba la negligencia profesional y la infracción deontológica y empieza la responsabilidad penal?
La respuesta a las cuestiones planteadas no resulta pacífica, La triple responsabilidad que genera el ejercicio de la abogacía disciplinaria, civil y penal presenta contornos limítrofes, y los cambios legales y jurisprudenciales se suceden (Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019, Estatuto General de la Abogacía Española de 2021). El derecho penal debería operar en último lugar, pero hay casos en que la infracción de los derechos y deberes profesionales es de tal magnitud que la tutela penal pasa a un primer plano.
La intervención del derecho penal en esta profesión reglada y esencial en todo Estado de derecho, se traduce, de una parte, en la tipificación de delitos dirigidos a proteger el estatuto jurídico de la abogacía (delitos de violación del secreto profesional, intrusismo, vulneración de la independencia y discriminación en la prestación de servicios); y de otra, en la configuración de delitos especiales o de infracción de los deberes de lealtad procesal y al cliente que tienen a las abogadas y abogados como protagonistas (delitos de presentación de pruebas falsas, incomparecencia injustificada en juicio oral, destrucción de actuaciones judiciales, revelación del secreto sumarial, defensa de intereses contrarios y perjuicio al cliente)...
