SANCHEZ LOPEZ / LUCHENA MOZO (DIR.)
La proyección de principio de buena administración, consagrado en el art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sobre el ordenamiento español y, en particular sobre el Derecho Financiero y Tributario, no es sino una muestra más de que esta rama jurídica no puede entenderse al margen de la creciente influencia que ejerce sobre ella el Derecho europeo.
Principio que, sin perjuicio de su compleja delimitación e interpretación, se dirige, en esencia, a la previsión de un conjunto de garantías, de carácter esencialmente procedimental, a favor de los interesados en el seno de los distintos procedimientos administrativos imponiendo los correspondientes deberes a la Administración pública.
En el escenario señalado, el objeto de la presente obra se ha centrado en el estudio de las consecuencias del principio de buena administración en los procedimientos tributarios que, fundamentalmente a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, está conduciendo a una nueva forma de enfocar la protección de los obligados tributarios; ello, debido a que el fundamento del mismo radica en el logro del equilibrio entre los intereses particulares y el interés fiscal perseguido por la Administración tributaria. Más aún, en el entendimiento de los procedimientos de aplicación de los tributos no desde el punto de vista de la contraposición de intereses de las partes implicadas sino, más bien, desde la orientación de las mismas hacia un mismo fin, que no puede ser otro sino la correcta realización del deber de contribuir a fin de conseguir la justicia tributaria.
