La aplicación del sistema de protección de datos personales en juzgados y tribunales afecta a los derechos fundamentales, sin embargo, sigue pendiente de desarrollo en el ámbito del Derecho Procesal. Dicha circunstancia produce una enorme inseguridad jurídica en los miles de órganos judiciales españoles, afectando especialmente a jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y fiscales, abogados y procuradores, así como a los titulares de los datos personales que se acumulan masivamente en dichos órganos. Las vulneraciones del secreto de sumario son constantes y las filtraciones de datos judiciales constituyen un problema de primer orden. El libro analiza no solo régimen jurídico vigente sino también las actuaciones que quedan pendientes de acometer por el Legislador.
