Durante las últimas décadas, las lógicas preventivas han adquirido una posición de centralidad en el campo del control del delito, presentándose cada vez más el futuro como la variable temporal de referencia. En este sentido, entre las numerosas transformaciones que ha provocado esta cuestión en la configuración de la política criminal contemporánea, una de las más relevantes ha residido precisamente en el hecho de que la responsabilidad sobre la seguridad ya no recae exclusivamente sobre el Estado sino que, en un movimiento que trasciende sus fronteras, esta se extiende también a otros agentes que, abarcando desde las empresas privadas y las comunidades a los individuos en particular, no han estado tradicionalmente involucrados en este ámbito. Precisamente, el objetivo principal de esta monografía estriba en abordar este proceso de multiplicación y diversificación de agentes en el contexto de lucha contra el terrorismo de inspiración yihadista, examinándose de forma específica si la participación de la sociedad en la prevención de la radicalización ha contribuido a articular una política más eficiente en esta materia. Para ello, el foco de atención se concentra en el rol asumido por dos grupos específicos de población: la comunidad musulmana y los trabajadores del sector asistencial del Estado.
