Existe la creencia de que no hay nada que liquidar en un matrimonio que se ha regido por el régimen de Separación de Bienes. Sin embargo, la realidad es muy distinta.
Finalizar una relación de pareja desde el punto de vista económico y patrimonial, significa que cada cónyuge se queda con los bienes que le pertenecen y que nada tienen que reclamarse entre sí. Y en la actualidad son muy pocos los matrimonios que acaban en esta situación, ya que durante la convivencia se han producido interferencias económicas que deben deshacerse para que cada uno se quede con lo suyo.
Dando al término liquidación un concepto amplio, en este Libro Azul se analiza toda la problemática que puede presentarse cuando los cónyuges casados en Separación de Bienes se divorcian.
La compensación por el trabajo para la casa, la familia o para el otro cónyuge, es una de las peticiones típicas que surgen como consecuencia de la extinción del régimen de Separación de Bienes, pues a través de ella se pretende corregir el desequilibrio que ha supuesto que uno de los cónyuges desarrolle su profesión, mientras que el otro se ha dedicado a trabajar en la casa.
Dividir los bienes que los cónyuges poseen en copropiedad es el segundo problema al que tienen que enfrentarse para dar por terminada la relación de forma definitiva. El propio proceso de liquidación del régimen de Separación de Bienes y la acción de división de cosa común, plantean numerosos interrogantes, tanto desde un punto de vista procesal como sustantivo.
Constante la convivencia se contrajeron deudas, bien frente a terceros o entre los propios cónyuges, deudas que pueden continuar generándose después de la Sentencia de divorcio ¿Qué pasa con estas deudas? ¿Quién debe abonarlas? ¿Qué motivos de oposición pueden alegarse?
A veces, también será necesario ejercitar acciones para recuperar la posesión de los bienes, acciones declarativas de dominio y acciones de nulidad en relación a los negocios jurídicos celebrados entre los cónyuges.
Todas las dudas tienen respuesta en esta obra, teniendo en cuenta la legislación nacional y autonómica.
