La ley de 2 de marzo de 1932 representa uno de los hitos más relevantes de la II República. Este periodo de nuestra historia se caracteriza por los esfuerzos se destinaron a renovar los fundamentos de la sociedad, finalizar con vetustas convicciones y promover la cimentación de una moral renovada, más acorde a los nuevos tiempos. En este sentido, la institución de la familia representó un elemento clave en este proceso de transformación, al constituir la base de la sociedad. Conscientes de este hecho, los parlamentarios de las Cortes constituyentes procuraron su modernización, excluyéndola del dominio de la Iglesia, estableciendo el matrimonio civil obligatorio e instaurando, por primera vez, el divorcio en España. La presente investigación está destinada a profundizar en los entresijos de esta figura jurídica, analizando no solo su normativa reguladora, sino, además, la práctica jurisprudencial, espigando las sentencias promulgadas por la Audiencia provincial y el Tribunal Supremo.
