El ciudadano ante la justicia cuenta con una serie de derechos que no siempre son respetados
en todos sus términos, más aún cuando nos acercamos peligrosamente a una gran brecha
digital en el ámbito de la Administración de Justicia. Mientras que la justicia digital es anunciada
como valedora para facilitar el acceso a este servicio público, en ocasiones puede convertirse
en una trampa para la tutela judicial efectiva.
Actualmente asistimos a un cambio de paradigma en la Administración de Justicia de nuestro
país. De manera casi silenciosa, hemos pasado del uso de la ofimática más básica, a la adquisición
de aplicaciones con implicaciones de inteligencia artificial. Si bien, todavía los operadores
jurídicos no son del todo conocedores, ni conscientes de estos avances. Así mismo, podemos
conocer el desarrollo de estas herramientas y sus posibles alcances, tanto positivos como
negativos, sobre todo para la privacidad de los ciudadanos.
El escenario que se plantea en el futuro mas inmediato nos habla, entre otros, de jueces robots,
de gestores automatizados de casos, de robotización de tareas o de mediadores electrónicos
que pueden llegar a sustituir a los operadores jurídicos humanos en algunas ocupaciones.
Todo ello sin dejar de mirar al legaltech, donde la abogacía se sitúa a la vanguardia de todas
estas innovaciones tecnológicas para ofrecer a sus clientes las defensas mas óptimas de sus
intereses.
