La presente obra aborda el fundamento del sistema impositivo español a tenor del contenido del artículo 31 de la Constitución Española de 1978, cuya mención a la justicia la sitúa como un valor superior que constituye la cualidad del ordenamiento tributario.
El estudio aconseja comenzar con una aproximación a la filosofía clásica para encontrar la vinculación entre tributo y justicia según los valores imperantes en la sociedad de cada época. Y puesto que el deber de contribuir tiene una dimensión hacendística, jurídica y también ética, es obligado referirse a cada uno de estos aspectos, pero desde un plano que tenga como nexo a la propia justicia. La cuestión no se limita al tributo y se extiende a la relación jurídico-tributaria entendida como el conjunto de disposiciones que generan deberes, derechos y garantías tanto en la creación de cada figura impositiva como en su aplicación.
El trabajo continúa con el análisis de los axiomas sobre el tributo justo elaborados por la escolástica para posteriormente y a través de los principios de la imposición formulados por la moderna doctrina científica, llegar hasta los principios tributarios plasmados en el texto constitucional. Además, la evidente conexión entre los ingresos y su destino hace que la actividad tributaria trascienda a su aspecto financiero y alcance una función social que, en coherencia con el modelo de Estado social y democrático de derecho, tenga como referencia la realidad distinta y única del ser humano, así como su aspecto relacional y social. En este punto, la investigación se ocupa de la denominada por la escolástica causa final en cuya virtud el tributo se coloca al servicio de una finalidad concreta: la consecución del bien común.
Por último, se analiza la interpretación del Tribunal Constitucional destacando ciertas ambigüedades en su doctrina, pues si bien el alto tribunal reconoce el valor de la justicia como fundamento del sistema tributario, también considera que el bien jurídico protegido es, sobre todo, garantizar la financiación suficiente de los gastos públicos, lo que se traduce en un mandato imperativo al legislador y a los poderes públicos para buscar y gravar la riqueza allí donde se encuentra, vinculando así, justicia y eficacia recaudatoria. A la vista de tal doctrina, es obligado destacar la importancia que tiene para una justa aplicación del tributo la actuación administrativa y los límites que al ejercicio del poder tributario imponen los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
