Pocos escenarios jurídicos hay tan complejos, conflictivos e inciertos como los de la ejecución de sentencias dictadas en procesos contencioso-selectivos. En esta vertiente del empleo público peligra la armonía entre dos derechos fundamentales, el derecho a la ejecución de sentencias (art. 24 y 117 CE) y el derecho de acceso al empleo público bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad (art. 23.2 y 103.3 CE).
Este territorio incidental está sembrado de mal llamada jurisprudencia, por su dispersión y anclaje en viejos dogmas, que provoca medidas tan dispares como creativas: retroacciones formales, tibia lucha contra la discrecionalidad técnica mediante pericias o exigencias de motivación, medidas coercitivas, derechos retributivos alicortos, indemnizaciones a ojo de buen cubero, efectos retroactivos al gusto, imposibilidades de ejecución
En definitiva, un semillero de problemas mal resueltos, que llevan al autor a efectuar el diagnóstico de las dificultades que afloran en estos incidentes de ejecución y a establecer las bases viables para un cambio de criterios o paradigmas de control jurisdiccional.
