Cada vez resulta más habitual el intercambio de correos electrónicos y la correspondencia entre abogados, bien sea para definir una operación mercantil a ejecutarse entre dos clientes, para negociar los términos de un contrato, para transaccionar y evitar un procedimiento judicial, etcétera.
El presente libro analiza los efectos de la aportación procesal de la correspondencia entre letrados y ofrece argumentos jurídicos para expulsar dicha prueba del procedimiento judicial, en el supuesto en el que se haya aportado con vulneración de la normativa deontológica correspondiente.
En el ejercicio de la profesión los abogados intercambian desde correos electrónicos hasta mensajes de WhatsApp, con el ánimo de, por ejemplo, intentar alcanzar un acuerdo transaccional entre los clientes. El problema surge cuando uno de los letrados aporta a un procedimiento judicial la correspondencia mantenida con el compañero, ya que la tendencia en la jurisprudencia consiste en admitir la prueba (art. 24 CE) y derivar cualquier responsabilidad al procedimiento deontológico correspondiente.
Este libro aborda el problema (aún por resolver) de la consideración procesal que debe tener la aportación procesal de la correspondencia entre letrados, ya que se sostiene que, cuando dicha prueba vulnera la normativa deontológica, debe ser expulsada del proceso, al entender que la prueba puede ser ilegal (art. 283.3 LEC), ilícita (art. 287 LEC) y/o contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC), argumentación civil aplicable al resto de órdenes jurisdiccionales vía art. 4 LEC.
Asimismo, la segunda parte de este libro analiza la problemática que genera la aportación procesal de correspondencia entre letrados en otros sistemas jurídicos, para que el lector sea consciente de cómo se regula dicha cuestión en derecho comparado, ofreciendo una visión global de la problemática práctica que genera la aportación procesal de la correspondencia entre letrados ante los tribunales de justicia.
Correspondencia entre letrados y deontología profesional.
Prueba ilícita e ilegal.
Actualizado a la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
