Justicia negociada, acuerdos, plea bargaining, confesión y colaboración. Todas estas herramientas se vienen considerando soluciones "mágicas" para poder solucionar muchos de los retos que el proceso penal actual tiene en la fijación de responsabilidades y en la determinación de consecuencias jurídicas personales y patrimoniales. A todo ello se añade la responsabilidad de las personas jurídicas por hechos criminales complejos, graves y transfronterizos como son el fraude, la corrupción, la criminalidad organizada y la delincuencia socioeconómica. Sin embargo, no estamos ante herramientas jurídicas de acogimiento pacífico y unánime porque mientras que para parte de la doctrina estamos ante mecanismos necesarios o, inclusive, ante la única solución posible a ser planteada e implementada en casos como los citados, otra enfatiza el hecho de que el estudio de sus elementos esenciales da cabida a amplios resquemores acerca de posibles vulneraciones de tradiciones jurídicas y garantías procesales constitucionales a partir del momento en el que el Estado pondera positivamente la conveniencia y necesidad de imponer sanciones más efectivas.
En esta investigación se buscan aportar luces sobre el tema desde el punto de vista de la utilidad y necesidad de hacer uso de herramientas de justicia negociada en la responsabilización de las personas jurídicas, todo ello tomando en consideración su origen, su presencia en el Derecho Internacional y sus principales manifestaciones. Todo ello sin olvidarse de que dichas instituciones, en su desarrollo moderno, surgieron como una reacción a la necesidad de incrementar la velocidad del sistema judicial en la concreción de las responsabilidades derivadas de delitos con lesividad ampliada, un juego en el cual lo que en realidad se hace es contraponer los beneficios ?individuales, grupales e institucionales? con los costes de subyugar garantías, derechos y libertades.
