La Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia pretende, nada más y nada menos, que instaurar una "nueva cultura procesal" en España. Lo hace erigiendo en requisito de procedibilidad para el ejercicio de acciones civiles en materias disponibles el previo intento de negociación extrajudicial a través de alguno de los llamados "Medios Adecuados de Resolución de Controversias" (MASC), variantes de la transacción que, de fructificar en acuerdo, tendrán acceso directo a la ejecución forzosa.
La imposición ineludible del intento de MASC previo a la demanda añade un notable grado de complejidad a la litigación civil, pues el impacto que supone la obligatoriedad de la negociación sobre instituciones capitales del proceso (entre otros, el régimen de la litispendencia, la prescripción y la caducidad), combinado con la defectuosísima técnica legislativa de la norma, afecta muy directamente a la seguridad jurídica y dificulta el acceso a la Justicia.
Redactada con una visión que combina el rigor teórico y dogmático con la atención al detalle, esta obra analiza y expone la reforma desde una perspectiva integradora y panorámica que no deja de detenerse en los aspectos prácticos...
