La irrupción de las nuevas tecnologías ha cambiado la forma por la que los ciudadanos se relacionan entre sí, con el Estado y la dinámica de la vida misma. Cámaras de vigilancia, sensores de presencia, alarmas en los hogares y una gran gama de recursos tecnológicos han emergido para garantizar la seguridad dentro y fuera de los hogares.
En lo que respecta a la seguridad pública, también la vigilancia electrónica por medio de cámaras ha permitido multiplicar los ojos de las fuerzas y cuerpos de seguridad allá donde antes no podían llegar, por razones de plantilla, de tiempo y de procedimiento.
Estas cámaras, que antes potenciaban el ojo humano, ahora lo sustituye. Son capaces de identificar personas por medio de técnicas de reconocimiento facial y pueden ofrecer una serie de riesgos para los derechos y libertades de los ciudadanos.
En este sentido, en el presente informe se analizan los riesgos que su utilización presenta a nivel bioético, jurídico y procesal.
