La economía sumergida en España, que representa el 24 % del PIB según el National Bureau of Economic Research, plantea un reto significativo en la determinación de los ingresos reales tras una ruptura familiar, afectando la equidad en los procesos judiciales. Los conflictos derivados de una crisis familiar marcada por conductas abusivas suelen estar profundamente influidos por los aspectos económicos, cuya gestión injusta puede comprometer gravemente la estabilidad financiera y personal de las partes involucradas, así como la de los hijos.
La evaluación precisa de la capacidad económica y patrimonial resulta esencial y exige documentación probatoria; sin embargo, este análisis se vuelve complejo en situaciones donde existen ingresos por cuenta propia, participación en sociedades o la presencia de testaferros, factores que dificultan la identificación veraz del patrimonio y los recursos económicos disponibles. En tales circunstancias, el levantamiento del velo societario emerge también como una herramienta fundamental para prevenir fraudes y garantizar una valoración justa de los bienes y derechos económicos ocultos.
