Uno de los temas probatorios más complejos que se plantean en la actualidad es el de la ilicitud de las pruebas. Si bien, es prolija tanto la doctrina como los pronunciamientos judiciales que se han vertido sobre el tema en materia civil, y especialmente, en materia penal, en cambio, en el Derecho tributario no siempre resulta fácil, ni factible aplicar los principios y reglas establecidas a tal efecto, al ser una de las partes de la relación jurídica, la Administración tributaria. Constituye, la finalidad de las presentes páginas, establecer una modestísima aportación a las características propias de la prueba antijurídica tanto en el proceso administrativo tributario, como posteriormente, en la vía judicial, mediante el proceso contencioso administrativo. No está en nuestro ánimo, al no constituir el objeto del presente trabajo, realizar un análisis sobre el objeto y los medios probatorios propios de los procedimientos de aplicación de los tributos, ni de la carga de la prueba o la valoración de la misma, sobre lo que ya existe una minuciosa y excelente doctrina científica. El propósito de estas páginas, no es otro que, describir, comparar y analizar las circunstancias y efectos que rodean la prueba anómala en el ordenamiento tributario y, cuyos perfiles, no siempre resultan pacíficos tanto, por la indeterminación de la regulación en la LGT, al tener que acudir al ordenamiento jurídico supletorio, como por la compleja relación entre los distintos principios tributarios en la aplicación de los tributos. Todo ello ha contribuido, como decimos, de manera decisiva, a decantarnos por la realización de un estudio eminentemente práctico sobre las anomalías e ilegalidades en la obtención, aportación, práctica y valoración de la prueba tributaria.
