La actividad punitiva de la Administración Tributaria habrá de canalizarse necesariamente a través de un procedimiento contradictorio en el que, pese a contar con importantes paralelismos con otros procedimientos tributarios, la relevancia de los derechos fundamentales implicados modifica sustancialmente su esencia y la de los trámites específicos que lo configuran, al estar estos dotados de una incuestionable relevancia constitucional, traduciéndose en un más amplio elenco de garantías para el administrado, que resultan especialmente salvaguardadas por nuestro ordenamiento.
El derecho a un procedimiento sancionador con todas las garantías determina que estas deban surtir necesariamente efectos en sede administrativa, por lo que no cabrá reparar ulteriormente, en sede judicial o económico-administrativa, los vicios formales de mayor relevancia que afectan a la sanción, dando lugar, en buena parte de los supuestos, a la nulidad radical de lo actuado, debiendo tomarse en consideración, asimismo, los límites derivados de la prohibición de ne bis in idem procedimental respecto a la posibilidad de reiterar actuaciones frente al presunto infractor, tras anularse, total o parcialmente, la sanción inicialmente impuesta.
