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En este texto se presenta un análisis, para la particular realidad social colombiana, sobre cómo sería posible la aplicación legítima del funcionalismo sistémico en materia penal. Partiendo de la base de que este constituye, sin lugar a dudas, uno de los principales soportes teóricos del derecho penal contemporáneo, se trata de establecer si, en términos de una realidad social como la nuestra, se encuentran dadas las condiciones para el funcionamiento de un modelo penal de esta naturaleza y, de ser así, cuáles serían los límites político-criminales que demarcan su legitimidad. Como resultado, se construye una propuesta coherente con nuestra realidad social y consistente con el modelo de Estado asumido en nuestra Constitución Política, que sirve de aporte a la discusión de las ciencias penales, las cuales, en Colombia, se han debatido entre los extremos de una crítica ciega y una recepción acrítica de los desarrollos teóricos y prácticos del funcionalismo penal.
