Las políticas de consolidación fiscal aplicadas en la zona del euro a partir de 2010 frente a las secuelas de la Gran Recesión de 2008, fundamentadas en el principio de austeridad, han fracasado desde las perspectivas del empleo, del bienestar y de la cohesión social, al elevarse los niveles de paro, de empobrecimiento y de exclusión social en los Estados miembros de la periferia del sur. También asentaron las bases para un modelo de crecimiento económico más lento e inestable. Sin embargo, a la par lograron salvaguardar los intereses y el bienestar de la clase económica dominante, al facilitar la concentración de los ingresos y de la riqueza en una minoría selecta de la población.
Pese a las múltiples manifestaciones de rechazo popular cristalizadas en el Movimiento 15-M, que en mayo de 2011 recogió el sentir de millones de indignados en España frente a la clase política gobernante y a sus políticas (de ajuste para la clase obrera, y de extensión de privilegios para los adinerados, como el rescate financiero o la nueva amnistía fiscal), y que luego se fueron extendiendo a otros países (Grecia, Portugal, Italia, Inglaterra
) hasta alcanzar el corazón financiero de Nueva York -a través del movimiento Occupy Wall Street-, los gobiernos de la zona del euro mantuvieron dicha fórmula, que algunos calificaron de austericidio.
La inicial crisis financiera se originó sobre la base de una ingente deuda privada acumulada, con una espiral especulativa alimentada por la desregulación de las actividades típicas de la banca de inversión en los Estados Unidos de América, junto a la ambición generalizada de obtener rápidas ganancias a corto plazo. Y en los mercados interbancarios, el estado de mutua desconfianza de los bancos privados vino a agravar el originario problema de liquidez hasta transformarlo en uno de solvencia, lo que llevó a la quiebra incluso al gigante Lehman Brothers. La insolvencia de numerosas entidades puso al borde del colapso al sistema financiero capitalista, y la respuesta de los Gobiernos de los países avanzados fue implementar unos amplios programas públicos de rescate del sector financiero. En el caso de España, el coste de las ayudas públicas al sector financiero durante la crisis económica-financiera se elevó a 66.577 millones de euros al cierre de 2018, según el Tribunal de Cuentas; una cifra superior en un 1,3% a la estimación de 65.725 millones del Banco de España. Aunque el volumen de recursos comprometidos en la reestructuración por el FROB...
