La planficación fiscal, en términos generales, siempre ha sido entendida como una medida de optimización de los recursos económicos de los obligados tributarios. Sin embargo, la proliferación de estructuras y mecanismos elusivos ha hecho que tal signficación haya variado desde su origen como economía de opción totalmente lícita, hasta llegar a alcanzar no sólo tintes elusivos sino, incluso, evasivos o fraudulentos. La OCDE, a través de su programa Domestic tax base erosion and profit shifting (BEPS), la Unión Europea, con iniciativas tales como la novedosa Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, referida al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (DAC 6) e incluso, a nivel doméstico, sus Estados miembros con múltiples iniciativas legislativas, han intensficado sus mecanismos de defensa frente a la denominada planficación fiscal agresiva. Sin embargo, el problema al que se enfrentan muchos obligados tributarios, y al que esta obra pretende dar algo de luz, es entender cuándo una determinada operación, o una estructura, dentro de su legítimo derecho a la planficación fiscal, puede ser calficada como abusiva, elusiva, o, incluso, evasiva, exponiéndose a unas consecuencias a las que, también, se pretende dar visibilidad en este trabajo.
