La «gestión de riesgos» en España parece haber relegado al Parlamento a una posición secundaria, frente a un Poder Ejecutivo omnímodo y escasamente controlado. Esta tendencia, que ha podido observarse en el Derecho de necesidad, pero también en las normas ordinarias relacionadas con el riesgo, viene provocada en gran medida por la interpretación y el erróneo fundamento otorgado hasta ahora al llamado «principio de precaución», una norma que inspira y vertebra el derecho ordinario y extraordinario frente a riesgos inciertos.
La presente obra analiza la configuración jurídica y el contenido de dicho principio, su encaje constitucional y su aplicación práctica en España durante los últimos 20 años, gracias a un amplísimo estudio jurisprudencial, junto con otras normas de gestión de riesgos generalmente confundidas con el principio mismo. Gracias a ello, disecciona las diversas objeciones posibles a la concepción actual del principio y propone una reinterpretación del mismo, que persigue recuperar el protagonismo del Parlamento en una más amplia «canalización institucionalizada del riesgo», no ya simple gestión. De ello se extraen además algunas consecuencias prácticas específicas y mejoras necesarias para el Parlamento, relacionadas con la técnica legislativa a la hora de regular riesgos inciertos y la evaluación técnica y científica de los mismos dentro del procedimiento legislativo. Una obra reposada y profunda, más necesaria que nunca en tiempos de riesgo e incertidumbre como los actuales.
