El Ingreso Mínimo Vital se ha incorporado como una nueva prestación no contributiva que hace frente e intenta amortiguar los efectos sociales de un riesgo distinto al del resto de las prestaciones de la seguridad social, esto es, la vulnerabilidad económica y la prevención de la exclusión social, vulnerabilidad económica originada por una ausencia de ingresos que no está vinculada a la actualización de los riesgos sociales ya protegidos como la muerte, la edad, la enfermedad o la situación legal de desempleo, sino que basta la acreditación de la ausencia de unos ingresos mínimos, cualquiera que sea el motivo que haya originado la pobreza, para acceder a su acción protectora.
No obstante, el ingreso mínimo vital no es una prestación de cuantía fija sino variable y, además, se revisa año a año, pudiendo concurrir con otras prestaciones procedentes de la seguridad social, de la asistencia social o de las rentas del trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena que, en definitiva, modulan la cuantía de la prestación reconocida. Por ello, este estudio se propone aportar criterios que explican la flexibilidad de la articulación de la protección social ante la vulnerabilidad económica más allá de los esquemas de compatibilidad o incompatibilidad entre prestaciones.
