PEREÑA VICENTE, M. / / HERAS HERNANDEZ, M.
La Ley 8/2021 de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, adapta nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias de la Convención de Nueva York y supone la instauración de un nuevo régimen que corresponde a un nuevo modo de entender el ejercicio de la capacidad jurídica que ha de basarse en el respeto de la dignidad de la persona. La tutela de adultos desaparece para dar paso a la curatela como principal medida de apoyo judicial. Pero una curatela nueva, que no se corresponde con la curatela del antiguo régimen y que será acordada preferentemente en un expediente de jurisdicción voluntaria y únicamente si son insuficientes las medidas voluntarias o la guarda de hecho. Se trata de una de las reformas de mayor trascendencia que se han llevado a cabo en las últimas décadas y, como toda reforma de envergadura, plantea numerosos interrogantes sobre el alcance de las nuevas instituciones de apoyo y sobre la aplicación de los criterios o estándares que consagra a los que en este trabajo se trata de dar respuesta. Jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y notarios se encuentran en primera línea de aplicación de la Ley y tienen ante sí el reto de que su interpretación permita a cada persona el pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos que para ello sean precisos pero también con las salvaguardias necesarias.
