En el Derecho Internacional clásico, el fenómeno migratorio era contemplado desde una perspectiva competencial de los Estados sobre sus nacionales que, a fortiori, establecía derechos mínimos para los no nacionales o extranjeros, independientemente de su estatuto jurídico. El marco regulatorio de la Unión Europea ha venido a cubrir algunas exigencias comunes que han establecido un régimen jurídico en cuanto al control de las fronteras exteriores, el cruce de las mismas y algunos aspectos concretos, como las exigencias de visados variados y de concesión de estatutos privilegiados para las víctimas del tráfico de personas. La Unión Europea ha establecido una serie de medidas para luchar contra la inmigración irregular, incluyendo medidas en el marco de las fronteras marítimas. Sin embargo, la gestión de los flujos migratorios irregulares con destino a la UE ha fracasado por problemas muy variados. Ahora bien, lo inalienable para todos los migrantes, independientemente de su situación jurídica, es un cúmulo de derechos de los que no pueden ser despojados, como su derecho al salvamento marítimo, su derecho de no ser devuelto a un lugar donde sufra persecución, su derecho a la dignidad personal, sus derechos colectivos y sociales y las garantías de todos estos derechos en los centros de internamiento.
