Como sistema de protección, el Derecho se dirige a los ciudadanos, por cuya libertad y seguridad vela. Y, sin embargo, también tiene a los profesionales como destinatarios, pues son ellos los encargados de su efectividad. Existe, por esta razón, una tensión inmanente al lenguaje jurídico ya que si, por un lado, está dirigido a expertos y se expresa mediante una jerga específica, por otro, es imprescindible que lo comprendan los no especialistas, en tanto titulares de derechos y obligaciones. Esta obra, en la que colaboran juristas y académicos, parte de esa dualidad y analiza sus implicaciones tanto para el funcionamiento en general del ordenamiento jurídico, como para los diversos campos de especialización.
¿Hay un derecho a entender el Derecho? ¿Cómo afecta el lenguaje al proceso? ¿Puede comprenderse el derecho como una forma de comunicación? ¿Qué iniciativas se han puesto en marcha para acercar el lenguaje del Derecho a los justiciables? A estas y otras preguntas intenta responder este volumen que afronta la problemática desde una perspectiva multidisciplinar y práctica y que muestra el interés de quienes se dedican al Derecho por promocionar una justicia comprensible y al alcance de todos.
