Si un empresario obsequia a un político para agradecerle su buen hacer (que, de paso, le ha beneficiado), ¿es un ciudadano modelo, alguien que realiza una conducta éticamente discutible pero jurídicamente intachable o un corruptor que debe ser sancionado penalmente? ¿Y si la recompensa se abona porque el funcionario público ha «ayudado» al empresario actuando al margen de la legalidad? ¿Y si, en vez de recompensar al funcionario por algo que ha hecho, el empresario se adelanta y decide hacerle «regalos» cada mes en vista de posibles «favores» que pueda recibir a cambio (favores que podrían no llegar «pagarse» nunca)? La finalidad principal de este libro es proporcionar herramientas que permitan contestar a interrogantes como estos. El problema se enfoca de la siguiente manera: ¿por qué es malo el soborno? O, si se prefiere: ¿por qué el legislador considera que la corrupción es un comportamiento que debe ser sancionado penalmente? O ¿cuál es el interés que se trata de proteger con la tipificación del delito de cohecho en cada una de sus vertientes? Teniendo en cuenta el interés de los respectivos legisladores hacia la problemática, ha parecido una buena opción partir de los estudios de la doctrina española e italiana. El recorrido no solo es atractivo para el entendido en cuestiones jurídico-penales, sino que resulta sorprendente para cualquier ciudadano: mientras los legisladores-comunicadores tratan de convertir al Estatuto penal de la Administración Pública en una malla atrapacorruptos sin agujeros, la doctrina no para de arrojar dudas sobre la legitimidad de la sanción penal incluso de supuestos cuya lesividad (o, inmoralidad) parecería indiscutible (por lo menos, al leer los periódicos): se argumenta que, si, lo que se pretende evitar, es que el funcionario sobornado realice actos parciales o dañinos para la Administración (que «robe»), el delito de cohecho es una desproporcionada sanción de actos preparatorios. Y la alternativa «moralista» (se sanciona a la corrupción porque es «inmoral», «venal», afecta al «prestigio» de la Administración?), aparte de un regusto a tiempos pasados, no parece proporcionar argumentos suficientemente tranquilizadores para quien busque justificar racionalmente cualquier movilización del sistema penal. Para resolver el problema, en el libro, se propone una lectura en clave procedimental de los intereses constitucionalmente relevantes: al hilo de las aportaciones de cierta teoría del derecho, la legitimidad de las normas y de las instituciones que las aplican se hace pivotar sobre la imparcialidad del proceso de toma de decisión (más que en su resultado). Y, si la corrupción pública es incompatible con la imparcialidad procedimental, entonces, cuando pensamos en el cohecho, es la propia legitimidad del Estado de derecho lo que está en juego.
