Parece que (¡por fin!) la agenda política y normativa de la discapacidad se mueve. Tras un largo paréntesis, las demandas reivindicadas por el movimiento asociativo de las personas con discapacidad intelectual comienzan a tener visibilidad y a ser atendidas. Aunque son varios los frentes abiertos, cuestiones como el derecho de voto -reconocido por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre- o la capacidad jurídica -en pleno proceso de revisión- centran el debate. A este último respecto, el anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad pretende que el sistema de sustitución de la voluntad dé paso a otro de provisión de apoyos en el que la persona con discapacidad pueda tomar decisiones y, por encima de todo, se respete su voluntad. Justo ese es el objetivo de la Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, norma pionera en Europa y que pivota sobre el llamado "Plan personal de futuro".
