El delito de enriquecimiento injustificado, también conocido en el Derecho internacional y comparado como enriquecimiento ilícito, no tiene precedentes en el Derecho penal español. Incorporado en 2022 al Código Penal, abre otro escenario más en la política criminal diseñada para contrarrestar la corrupción, pero no debe ser visto como una panacea porque no creemos que la obligación de justificar el origen del incremento patrimonial permitirá evitar, por sí sola, este tipo de conductas. Es necesaria la puesta en marcha de otros mecanismos jurídicos que controlen y fiscalicen eficazmente el destino de los caudales públicos y/o que permitan detectar los incrementos patrimoniales de quienes ostentan la cualidad de autoridad.
Esta monografía tiene por objeto de estudio este delito. Tras examinar cómo ha sido implementado en otras legislaciones, se analiza el bien jurídico protegido llegándose a la conclusión de que protege la transparencia de la situación patrimonial de los servidores públicos, en este caso, de las autoridades. Desde la perspectiva de la autora, se trata de un delito complejo compuesto por dos elementos: por un lado, una acción consistente en obtener un incremento patrimonial superior a 250 000 euros y, por otro lado, la omisión de justificarlo. Partiendo de esta base, se analizan todos los requisitos necesarios para configurar estos elementos como, por ejemplo, el órgano competente para determinar el incremento patrimonial y formular el debido requerimiento de justificación. También se analiza en qué supuestos quienes tienen la consideración de autoridad pueden ser sujetos activos, el tipo subjetivo, entre otras cuestiones.
