«La justicia se basa en la imparcialidad de las personas que intervienen legalmente en la resolución de la causa», decía Goldschmidt Lange. Para que el proceso judicial no sea una pantomima, la primera exigencia consiste en erradicar la figura del iudex suspectus. El juez no solo ha de ser completamente ajeno al litigio sino, además, parecerlo: Justice must not only be done; it must also be seen to be done, según un adagio inglés. Es una cuestión de confianza de los ciudadanos en sus tribunales de justicia.
A tal fin, el ordenamiento nos ha dotado de dos instrumentos procesales: la abstención (a iniciativa del juez) y la recusación (a instancia de las partes). Al tiempo, ha recogido una serie de causas, taxativamente enumeradas en el artículo 219 de la LOPJ, que pueden poner en entredicho la imparcialidad de los jueces. La concurrencia de cualquiera de ellas es razón suficiente para generar razonables dudas objetivas sobre la existencia de prejuicios, que podrían influir en el ánimo judicial torciendo la rectitud de su decisión.
Pero, la garantía de objetividad e imparcialidad no solo es exigible frente a jueces y magistrados. Se extiende a la actuación de otros sujetos que intervienen en el proceso: fiscales, letrados de la Administración de Justicia, peritos designados judicialmente y personal al servicio de la Administración de Justicia (gestores, tramitadores y auxiliares), a los que han de añadirse los médicos forenses (art. 499.3 de la LOPJ).
Pues bien, en esta obra se ofrecen al lector las claves doctrinales y, singularmente, jurisprudenciales sobre el entendimiento y manejo de la abstención y recusación. La interpretación minuciosa de cada causa, los abusos y fraudes para apartar del caso a jueces solo por el hecho de ser incómodos, así como el procedimiento legal en sus diversas modalidades son temas desgranados y diseccionados a lo largo de este estudio. El ánimo de pragmatismo inspira esta obra.
