FERNANDEZ CABALLERO / SANCHEZ / FERNANDEZ
En los últimos años se han producido cambios fundamentales en la movilidad de nuestras ciudades que están transformando el paradigma de los desplazamientos cortos dentro de ellas. El vehículo a motor entendido en su sentido tradicional ya no es el protagonista. Y ha dado paso a un uso compartido de la vía, donde motocicletas, bicicletas, bicicletas con pedaleo asistido, vehículos de movilidad personal (VMP) y peatones cobran cada día más importancia.
No hay duda de que los VMP se han convertido en una opción legítima para mucha gente. Pero, para su encaje definitivo, habrá que validar la seguridad que ofrecen y reordenar las ciudades si se pretende, realmente, conseguir resultados en términos de seguridad vial y sostenlbllldad. En este contexto, un número importante de ciudades españolas y del mundo, se encuentran con una regulación de estos nuevos vehículos que muchas veces está por detrás de su expansión y desarrollo, y se enfrentan a otras dificultades como su estacionamiento, compitiendo por la utilización del dominio público con otros usuarios, su aptitud como vehículos para circular o, Incluso, cuando se trata de empresas explotadoras de su uso, su Incorporación pacífica en la red de transporte discrecional previamente existente en la que un actor fundamental es el taxi.
